Los Mossos d’Esquadra han detenido a cuatro personas acusadas de estafar centenares de miles de euros a cerca de un millar de personas, en su mayoría mujeres, que depositaban «una fe ciega» en ellos, tras prometerles la adjudicación de un piso de protección oficial inexistente.


Según ha informado hoy el director general de Seguridad Ciudadana, Rafael Olmos, los detenidos, dos hombres y dos mujeres que ya han ingresado en prisión, tenían una gran habilidad para ganarse la confianza de las personas estafadas y lograban que éstas les avanzaran importantes cantidades de dinero y les aportaran más clientes. Los detenidos, que eran los cerebros de la estafa, son Víctor Manuel A.R., de 37 años y vecino de Lloret de Mar (Girona); Carlos P.B., de 43 y vecino de Badalona (Barcelona), Margarita C.R., de la misma edad y vecina de Lloret de Mar, y Maria Roser M.V., de 36, vecina de Gavá (Barcelona).
Los cuatro detenidos, que actuaban principalmente en Barcelona, fueron apresados el pasado 1 de febrero en un hotel de lujo de la capital catalana, que les servía de oficina y donde se les incautaron 30.000 euros en efectivo.
Según el inspector jefe del área regional de Barcelona, Josep Lluis Trapero, durante al menos cinco años los detenidos habrían estafado a más de un millar de personas (por el momento hay 500 casos confirmados), que les habrían pagado de media unos 10.000, 20.000 ó 25.000 euros, a cambio de hacer trampas para la adjudicación de pisos de protección oficial, que nunca llegaron a poder comprar.
Por el momento, los Mossos ya han recibido un centenar de denuncias de afectados, lo que les ha permitido analizar con detalle los primeros 40 casos, que pagaron una media de 20.000 euros, reportando a los estafadores unas ganancias de más de 750.000 euros.
Olmos ha explicado que la confianza en los estafadores llegaba a extremos tan increíbles como que incluso después de que los Mossos detuvieran a los estafadores y les explicaran a las víctimas que han denunciado el caso que habían sido objeto de engaño, algunas de ellas preguntaran «¿cuándo recibiré mi piso?».
Una vez establecido el primer contacto, en el que los estafadores se hacían pasar por funcionarios del departamento de Medio Ambiente y Vivienda o de Adigsa, los estafados pagaban, sin obtener recibo alguno, entre 3.000 y 6.000 euros con la promesa de que les sería adjudicado un piso de protección oficial.
El afán de las víctimas de sacar más partido haciendo trampas para adquirir pisos les llevó a pedir créditos y dinero a familiares y amigos, ya que incluso en algunos casos reservaron más de una vivienda. Además, el número de estafados aumentó espectacularmente gracias a los propios engañados, que sin ser conscientes de la estafa, proporcionaban nuevos «clientes» entre sus amigos y familiares. Se da el caso de que un único estafado aportó 100 nuevos clientes.
Olmos ha precisado que esta captación era parecida a un sistema «piramidal», con la diferencia de que aquí no había contrato ni las víctimas era conscientes de la estafa. Únicamente se han dado dos casos de personas estafadas que, al ser conscientes del engaño, captaron nuevos clientes a cambio de dinero. Se trata de Amor F.F. y Carmen G.F., que tras prestar declaración han quedado en libertad, ya que, según los Mossos, no había suficientes elementos para mantener las detenciones, a la espera de que les llame la autoridad judicial competente.
Pese a que la estafa se remonta un mínimo de cinco años, periodo en el que ninguno de los engañados recibió nunca el piso prometido, la investigación no comenzó por ninguna denuncia de los afectados, que no recurrieron a los Mossos porque eran conscientes de que hacían «trampa» para saltarse un concurso público, sino porque un conocido de un afectado se dirigió «inocentemente» a la policía para preguntar cuándo recibirían el piso.